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Por Clara Alemann.
La violencia machista mata a 12 mujeres por día en América Latina por el solo hecho de ser mujer. La reciente explosión de testimonios de violencia sexual vertidos viralmente en las redes a través de #YoTambien y #MeToo es una demostración clara de que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública y derechos humanos de proporciones epidémicas; aún si no te ha tocado, seguro conoces a alguien que la ha sufrido.
En el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es hora de exigir más al sistema de salud, que tiene un papel fundamental en su prevención y debe brindar una respuesta efectiva dada su magnitud: 1 en 3 mujeres de entre 15 y 49 años en la región ha sufrido violencia física o sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las más jóvenes están en mayor riesgo; más del 40% de ellas reportan haber sufrido violencia sexual por primera vez durante su adolescencia y a menudo el perpetrador es la pareja.
Si bien los varones también sufren violencia sexual, ésta afecta desproporcionadamente a las niñas y adolescentes, con consecuencias perniciosas para su salud mental, física, sexual y reproductiva, incluyendo:
– Depresión
– Ansiedad
– Pensamiento suicida
– Adopción de conductas sexuales riesgosas
– Consumo abusivo de drogas y alcohol
– Riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados y trastornos ginecológicos.
Mejor salud pública a través de la prevención y una respuesta adecuada
Esta alarmante realidad se agrava si consideramos que una ínfima cantidad de mujeres, y en particular de adolescentes, víctimas de violencia acuden o reciben servicios de salud. El rol de los sistemas de salud en la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas es clave porque es el servicio con el que más mujeres tienen contacto en algún momento de sus vidas.
Una revisión sistemática sobre la atención a la violencia de pareja identificó que los puntos de contacto y de respuesta más frecuentes son los servicios que brindan atención prenatal (cuando la mujer se embaraza, la violencia puede iniciar o escalar), los servicios de urgencia de clínicas y hospitales, que reciben víctimas de violación y lesiones, y los servicios de atención primaria que tienen interacción frecuente con los usuarios.
Sin embargo, existen barreras del sistema y del comportamiento, incluyendo los prejuicios por parte de los proveedores de salud, que impiden que se cumpla este rol, abandonando a las mujeres y niñas a lidiar solas con su dolor, vergüenza y humillación y con las secuelas severas y de largo plazo que deja la violencia.
Por ello, es crítico fortalecer la respuesta por parte de los servicios de salud para brindar una atención oportuna y adecuada ante casos de violencia a adolescentes, mujeres y niñas.
“La historia se repite constantemente. Una madrugada estuve de guardia nocturna en el servicio de urgencias de una clínica de Medicina Familiar en la ciudad de México. A las seis de la mañana, casi por terminar mi turno, me llamaron para atender a una mujer que había sido víctima de violación y golpeada a unas cuantas calles de la clínica. La señora había salido a comprar pan y leche para sus hijos, en una colonia supuestamente segura, de clase media alta. Sin entrar en detalles sobre las lesiones, que no eran pocas y sí eran graves, es importante reconocer que fue muy complicado articular de forma oportuna la ayuda psicológica, social, legal y médica para brindar los cuidados que la mujer requería. Lo tangible para mí como trabajador de la salud, fue la carencia de políticas claras y protocolos para brindar la atención efectiva y cálida que las víctimas de violencia necesitan.”
– Ricardo Pérez Cuevas, Especialista Sénior en Protección Social y Salud.
Buenas prácticas y recomendaciones concretas para el sector salud
En América Latina es apremiante la necesidad de fortalecer la capacidad de los proveedores de salud para brindar una respuesta adecuada a las mujeres y niñas que sufren violencia, de acuerdo a las siguientes buenas prácticas:
1. Brindar apoyo de primera línea que atienda sus necesidades clínicas, prácticas y emocionales
2. Asegurar la privacidad y confidencialidad
3. Escucharlas con empatía y sin juzgar, de manera compasiva y respetuosa, validando su experiencia
4. Explorar opciones para procurar su seguridad y apoyar sus decisiones sobre cómo proceder
5. Referirlas a otros servicios que puedan requerir
6. Ofrecer atención profiláctica post-exposición (PEP) en las primeras 72 horas después de una violación, donde cada hora cuenta para prevenir embarazos, infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual.
En cuanto a la prevención primaria pueden:
7. Aumentar y mejorar la concientización sobre cómo reconocer casos sospechosos u ocurrencia de violencia de pareja o sexual
8. Compartir información valiosa sobre dónde buscar ayuda y apoyarlas en ese proceso
9. Promover el derecho a tomar decisiones sin coerción en torno a la sexualidad y la reproducción y a vivir libres de violencia
10. Trabajar con la comunidad para implementar acciones preventivas
11. Documentar la violencia contra las mujeres y sus factores de riesgo para diseñar mejores programas de prevención
Los profesionales de la salud tienen el poder de identificar pacientes que experimentan violencia antes de que ésta escale y de mitigar las consecuencias de la violencia sobre la salud de las sobrevivientes. Su intervención oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, o entre que quiera morir y recupere las ganas de vivir.
Pero no basta con capacitar al personal de la salud. Se requiere un compromiso sostenido y una respuesta comprehensiva para asegurar las condiciones que apoyen a los proveedores a responder efectivamente ante la violencia de pareja y sexual.
Para empezar, hay que priorizar esta problemática en las políticas de salud y en las asignaciones presupuestarias. Debe existir una buena coordinación y redes de referencia, además de protocolos basados en evidencia (ver aquí y aquí) y formación al personal, que debe ser integrada a los programas de estudios de enfermería, medicina y salud pública. Finalmente, el entrenamiento continuo, acompañado de supervisión capacitante, prepararán mejor al personal para integrar la identificación y respuesta a la violencia en los servicios de salud infantil, materna, sexual y reproductiva y mental.
Vale la pena enfatizar que, a menudo, lo más importante que un profesional de la salud puede hacer es brindar una atención compasiva a una sobreviviente de violencia, ayudarla a comprender que es abuso y que ella no es responsable por ello y a recuperar la confianza en sí misma, y apoyarla en sus decisiones. Ningún profesional debería dejar pasar esta oportunidad, ya que frecuentemente son los únicos en posición de poder escuchar y ayudar.
¿Conoces experiencias en la región donde el personal de salud se involucre en acciones comunitarias para promover relaciones equitativas y no violentas? ¿Qué crees tú que necesita el sistema de salud para poder responder de manera oportuna y adecuada a las necesidades de las mujeres y niñas que sufren violencia por parte de su pareja u violencia sexual por un tercero? Cuéntanos en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.
Clara Alemann es especialista en el diseño e implementación de programas de desarrollo social con una perspectiva de género en del Banco Interamericano de Desarrollo.
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