Este estudio analiza la arquitectura institucional de la gobernanza migratoria en 32 países de América Latina y el Caribe (ALC). Mapea más de 200 instituciones con mandatos relacionados con la migración, sistematizadas en cuatro categorías funcionales: (i) política migratoria (formulación, implementación, coordinación); (ii) control fronterizo y servicios de inmigración; (iii) protección internacional, nacionalidad y regularización; y (iv) servicios para nacionales en el exterior y retornados.

Los hallazgos revelan tanto convergencias como divergencias en los arreglos institucionales, destacando particularidades subregionales: gobernanza orientada a la diáspora en el Caribe, gestión del tránsito y del retorno en Centroamérica y México, y reformas institucionales en Sudamérica como respuesta a la migración venezolana. Aunque los países de ALC han avanzado hacia un paradigma regional basado en derechos que promueve una migración segura, ordenada y regular, persisten desafíos estructurales, en particular la fragmentación institucional, los mandatos superpuestos y la limitada coordinación intersectorial.

Procesos regionales como el Proceso de Quito, la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de principios compartidos y la gobernanza coordinada. El informe subraya el papel emergente de la región como referente en gobernanza migratoria innovadora y centrada en derechos, al tiempo que resalta la necesidad de reformas institucionales sostenidas para garantizar respuestas efectivas frente a dinámicas migratorias complejas y en constante evolución.